Por: Eisen Hawer López Chica
Periodista – Comunicador Social. Especial para la Corporación Adagio
Ya van veinticuatro días de protestas en el país de los dos océanos. El rojo de la bandera se riega sin clemencia sobre el amarillo del oro saqueado, y sobre el azul de los cielos y las aguas contaminadas. Veinticuatro días de un pueblo despierto con el puño en alto, pidiendo un poco de equidad, en uno de los países más ricos y –en contraste- más corruptos del mundo. Veinticuatro días que han cobrado la vida de unas 43[1] personas, en su mayoría por la respuesta desproporcionada que ha tenido la fuerza pública hacia las manifestaciones.
Justo el 18 de mayo, y luego de algunos intentos de “negociación” por parte del Comité de Paro Nacional con el Gobierno Nacional, el presidente Iván Duque dio la instrucción “(…) a todos los niveles de fuerza pública para que se despliegue su máxima capacidad operacional, para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y protección les permita a todos los colombianos recuperar la movilidad".
Contrario a lo esperado en un momento álgido, de recrudecimiento de la violencia estatal y las claras violaciones a los Derechos Humanos, el Presidente convoca a quienes han sido los protagonistas directos de los abusos, desconociendo, además, las peticiones realizadas desde el comité Nacional del Paro que, entre otras cosas, “(…) pidieron garantías para el libre ejercicio de las protestas y garantías para la mesa de negociación.” Según un comunicado del nombrado comité, firmado el 17 de mayo, “(…) esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación, y el gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió. (…) La verdadera respuesta que hemos recibido hoy ha sido la brutal violencia policial desatada en Yumbo (Valle), con al menos 2 asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos. (…) El gobierno nacional no reconoce la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes. No reconoce los casos que han denunciado las organizaciones de derechos humanos. Y lo más grave en las cifras del gobierno se mezclan daños de las cosas, con daños a las personas. (…)”
Con este panorama, se convoca a nuevas jornadas de manifestaciones: “El paro continuará y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) .
Un Oriente que marcha
La región del Oriente antioqueño no ha sido indiferente a la problemática nacional, y en varios municipios ha habido movilizaciones y marchas, en apoyo a las manifestaciones nacionales. La población joven, en su mayoría, estudiantes y maestros, se reúnen en calles y lugares públicos en jornadas que han estado acompañadas de performance, velatones, conciertos, desfiles, intervenciones artísticas, cierres viales, abusos policiales, un asesinato, y una violencia “silenciosa” que pasa bajo cuerda, dejando un vaho de muerte, intimidación y represión en el ambiente.
Los casos más álgidos se han presentado en municipios como El Carmen de Viboral donde hubo intervención violenta del Esmad en una de las manifestaciones; en La Ceja del Tambo, y algunos Municipios que están sobre la autopista Medellín-Bogotá, como Marinilla, El Santuario, Rionegro y Guarne, donde también ha habido intervenciones y manifestaciones en las vías públicas.
No obstante, en todas las localidades se ha contrapuesto una forma de manifestación basada en el arte. Diferentes tomas artísticas han sido protagonistas en plazas, parques y vías públicas, ejerciendo un legítimo derecho a la protesta, siempre de manera pacífica.
En la zona páramo, Municipios como Argelia, La Unión y Sonsón han movilizado a colectivos y ciudadanos con diferentes actividades que se han desarrollado de manera pacífica, lideradas por jóvenes y docentes, principalmente.
En estos tres municipios el factor es común: la afluencia es poca y siempre son los mismos los que salen a marchar. Aunque ha habido respeto con las personas y los bienes públicos del municipio, hay una comunidad en su mayoría apática e indiferente, tanto a la coyuntura nacional como a las violencias que se desprenden a nivel local de la misma. Existe una violencia silenciosa que amenaza la vida e integridad de los marchantes. Precisamente, una de las peticiones del Comité Nacional de Paro al Gobierno Nacional, es que no se estigmatice a los manifestantes, que se les retire el calificativo de “vándalos” y que se garanticen los derechos a la legítima protesta.
Volviendo al Oriente, en estos municipios se han presentado casos de intimidación y violencia por parte de la fuerza pública. En Sonsón, la policía intimidó con arma de fuego a uno de los manifestantes cuando este llegaba a su casa. En La Unión, un policía vestido de civil intimidó e insultó a uno de los manifestantes. Justamente, varios colectivos y organizaciones sociales en La Unión, en un comunicado público del 8 de mayo, expresaron su preocupación por la estigmatización y falta de garantías que se tenían para el ejercicio de la protesta en el Municipio. No hubo ninguna réplica institucional sobre el comunicado pues, según Mario León Morales Londoño, Secretario de Gobierno Municipal, a la Alcaldía no se hizo llegar el comunicado de forma oficial y, por lo tanto, no conocían de su existencia.
En Argelia y Sonsón, tanto la fuerza pública como organismos de tránsito han acompañado varias de las jornadas, mientras ejercen, al tiempo, una violencia simbólica en contra de los jóvenes, principalmente.
Según datos de Temblores ONG actualizados el 18 de mayo de 2021, durante estos veintiún días de protestas, ya se cuentan en el país 2 mil 387 casos de violencia policial, entre las que se cuentan 472 intervenciones violentas por parte de la policía, 43 asesinatos presuntamente por parte de la policía, mil 139 detenciones arbitrarias y 18 casos de violencia sexual por parte de miembros de la policía y el Esmad. Justamente, el pasado 15 de mayo, varios colectivos de mujeres de La Unión realizaron un acto simbólico en el Parque Principal del Municipio, en rechazo a este tipo de abusos y violencias. Las mujeres unitenses se han manifestado a través de diversos medios, proclamando el respeto por su integridad y sus cuerpos que la violencia estatal ha convertido en un botín de guerra.
Pese al descontento de algunas personas con el bloqueo de vías, y que han manifestado incluso no estar de acuerdo con “el paro de los pobres” (las cosas que hay que leer y escuchar), la juventud sigue en pie de lucha manifestándose desde el arte, en jornadas de muralismo y estampado, en marchas de antorchas por los caídos, en conciertos públicos y en tomas completamente pacíficas que buscan contrastar y contrarrestar la represión y la intensa violencia estatal.
La primera “Mesa de diálogo por la vida” se instaló en La Unión
La semana del 10 de mayo, la Alcaldía convocó a todos los promotores del paro a nivel local, asociaciones, colectivos, sectores productivos y sociedad en general, a una Mesa de diálogo que se articularía, según la invitación, a una mesa regional y departamental.
La deslucida convocatoria se desarrolló en el Teatro Municipal el viernes 14 de mayo, y contó con la presencia de Juan Correa Mejía, Secretario de Participación Ciudadana y Cultura Ciudadana de Antioquia, el Alcalde Municipal Alexander Osorio, el Secretario de Gobierno Municipal Mario León Morales, el procurador provincial Diego Congote, otros funcionarios y representantes de algunos sectores sociales. Con no más de veinte personas se dio la primera mesa de diálogo por la vida en el Departamento, según lo manifestó Correa Mejía, por iniciativa del Alcalde Municipal quien “fue el primero en convocar al diálogo público”.
La intervención del Primer Mandatario Municipal hizo énfasis en la neutralidad que, como gobernante local debía asumir frente a la situación, “Yo acá solo soy un puente, un transmisor del mensaje. (…) lo que queremos hoy es reflejar principalmente la realidad de un pueblo como La Unión”.
Los primeros en tomar la palabra fueron los representantes del comité juvenil, quienes han liderado y convocado las marchas en el Municipio. En este espacio manifestaron que no querían hacer propuestas, en tanto no se les garantizara el derecho a la protesta, pues han sido estigmatizados y señalados en el municipio, y la Administración ha guardado silencio al respecto.
Luego de esta intervención, tomó la palabra el señor Fernando Botero, representante del gremio lechero y agropecuario. En su exposición, Botero afirmó que en La Unión hay unas 27 mil 718 reses lecheras, en 971 predios. De estas, un 60% están en producción, lo que representa unos 232 mil litros de leche, con un valor de 291 millones de pesos diarios. Para Fernando Botero, esta es la base de la economía de La Unión, la base del desarrollo.
No obstante, el Municipio no tiene capacidad de almacenamiento para esta producción, y se debe evacuar inmediatamente. Por lo anterior, afirmó que no están en contra de las manifestaciones, pero que de haber bloqueos se verían afectadas las producciones, por lo que han pedido “de forma amable” se les respete el trabajo y la movilidad. El mismo Fernando Botero, en un video publicado en redes sociales el 3 de mayo, y donde aparece como “Representante de los productores de Papa, leche, flores, fresas y demás productos perecederos”, deja un mensaje claro y, -en contraste con su intervención en el Teatro Municipal-, poco amable sobre las jornadas de protestas a las que se refiere como un simple ‘cierre de vías’. “Queremos fijar una posición absolutamente clara frente al cierre que hay de la vía que conduce a la ciudad de Medellín y Rionegro. Nosotros somos respetuosos de las protestas y que exijan SUS derechos, pero el derecho a la movilización y el derecho al trabajo son fundamentales y los tienen que respetar. Nosotros le pedimos a las Fuerzas Militares y al Esmad para que despejen esta vía, porque de lo contrario se perderán cerca de 300 mil litros de leche, 10 toneladas de fresa y una gran cantidad de papa y de flores, así que le pedimos a los señores que tienen este cierre que retiren sus camiones y le den vía libre en forma definitiva a este problema porque es un tema que tienen que resolver con el gobierno y con el estado, no con nosotros los productores. Entrará en crisis un municipio que ha tenido tantos problemas con los costos, con la producción, con el invierno y las cosas que nos afectan para que un grupo de unas cuantas personas vengan a detener la salida de nuestros productos.”
Ver video referenciado: https://www.facebook.com/1675697562710062/videos/974151049997614
Continuando con su intervención en el Teatro, Botero manifestó que los sectores que representa han tenido muchos inconvenientes incluso a nivel nacional, entre ellos, el aumento de costos en fertilizantes y concentrados, situación que no regula el Gobierno; el mal estado de las vías terciarias para sacar sus productos; la importación de leche en polvo; la inseguridad en el campo, los robos y las extorciones. Finalmente, Fernando Botero afirmó que ellos “quieren que haya diálogos, pero no tienen capacidad de negociación, no pueden solucionar nada”. En contraste con esta afirmación, el mismo 3 de mayo, posterior al video del señor Botero, el Alcalde Municipal quien reiteró su neutralidad en el asunto, se pronunció en redes sociales pidiendo “el desbloqueo de vías”, y justifica diciendo que “(…) esta vía cerrada genera miseria, genera pobreza. Los agricultores piden que les permitan transportar sus productos, y lo piden como un llamado urgente”.
Ver video del alcalde: https://www.facebook.com/AlcaldiaLaUnionAnt/posts/2967724856850451
Volviendo al Teatro Municipal, la intervención de Andrés Valencia, representante de algunos colectivos culturales del Municipio, manifestó inquietudes y peticiones en clave de las realizadas a nivel nacional, como las que tienen que ver con la reforma pensional y a la salud, la necesidad de más recursos para la educación superior, la penalización de los abusos de autoridad, una ley anticorrupción, entre otras, e hizo énfasis en la necesidad de garantías para la protesta, y confrontó al señor Botero por su intervención pues, según Andrés “los problemas que usted manifiesta que tienen en el agro, son los mismos por los que la gente está luchando. Y es triste que diga que no pueden hacer nada, cuando tienen tanta influencia y poder”.
Posteriormente, se destacan las dos últimas intervenciones de la ronda de “propuestas”, las realizaron la concejala Luz Dary Valencia Gómez y el concejal German Danilo Posada Villada. Luz Dary inició afirmando que se sumaba a las palabras de los jóvenes, y que es bastante preocupante el tema de la seguridad de los manifestantes. “Pienso en todo lo que ha ocurrido en este Municipio, donde nos decían que no iba a llegar la guerra, y hubo todo tipo de violencia”. También resaltó el trabajo que están realizando colectivos femeninos, e hizo un llamado frente a una situación presentada en una de las marchas, donde estuvo sobrevolando un dron todo el recorrido, y no se ha determinado ni su procedencia ni la intención. “Yo no quisiera que estas generaciones vivan lo que me tocó vivir, porque yo soy víctima de la violencia”, afirmó la concejala, quien cerró su intervención haciendo alusión a una inquietud justa, “Yo me pregunto si sí hay una representación acá verdadera de los productores pequeños, lecheros, paperos, freseros… porque hay problemas de fondo que no se resuelven solo con ‘dejar pasar los productos’”.
Por su parte, el Concejal Posada desdibujó gran parte de las intervenciones de la jornada, recayendo en el estigma a los manifestantes, al afirmar que “temía por su vida; que a mucha gente no le agradaba por haber llegado por una lista oficial al concejo”, y que había sido violentado en alguna de las jornadas de manifestaciones. Justificó los silencios del Concejo no solo en temas relacionados con el Paro, sino con una situación particular donde una funcionaria pública estuvo involucrada en un caso de corrupción. “Es difícil pronunciarse porque también hay un asunto de amistad de por medio”, afirmó. Finalmente, manifestó su descontento con el bloqueo de las vías, aunque dijo respetar el derecho a la protesta.
Para cerrar, el Procurador Provincial Diego Andrés Congote, intervino en aras de aclarar procedimientos, y dejó una precisión respecto al bloqueo de vías, donde llamó la atención, “La protesta es completamente legal y es un derecho, pero el cierre de vías está prohibido. Lean el decreto 003 de 2021”. También hizo referencia a los casos de violencia que se han presentado, y reiteró el llamado al respeto.
Vale aclarar que el Decreto 003 de 2021 no determina la ilegalidad de los bloqueos viales, según lo expresado por Congote. Es el Código Penal, en su Artículo 353A. el que manifiesta: Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público: El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política.[2]
En un artículo titulado “El bloqueo a la protesta” y publicado en el 2012 en Semana, se refieren a la norma así: “Según la norma, no cualquier bloqueo de vías en el curso de una protesta se encuentra penalizado, sino únicamente aquel que se realice por medios ilícitos. Y la Corte especificó que solo son tales “aquellos medios que estén contemplados como contrarios a derecho en una ley formal y material”. ¿Plantarse con bastones de mando en la mitad de una carretera, como lo han hecho varias veces los indígenas para hacerse escuchar, constituye un medio ilícito? Claramente no: ninguna ley prohíbe pararse con bastones en medio de una vía. Tampoco hay ningún medio ilícito en el hecho de que 200 personas impidan pacíficamente el paso de vehículos (…)”[3]. Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el abogado Francisco Bernate, explicó para EL TIEMPO que este delito ha sido de difícil aplicación porque se señala que es contrario al derecho a la protesta "y por eso realmente ha sido más retórico que real, no hay muchos casos de aplicación".[4]
Finalizada la Primera Mesa de Diálogo por la Vida, queda un sinsabor en el ambiente. Además de la pobre convocatoria, la falta de representación real de los sectores sociales, económicos, culturales, educativos y demás, queda un discurso oficial de supuesto apoyo a los manifestantes, pero la amenaza latente y silenciosa frente al actuar de quienes están en las calles.
Una tarde que no dejó nada nuevo, y de la que se espera, al menos, un pronunciamiento oficial hacia los casos de violencia que ya han sido denunciados por varios medios.
Y entonces, ¿cuál es el panorama?
Con un inicio de negociaciones fallidas, unas nuevas jornadas de marchas convocadas, el recrudecimiento de la violencia estatal, y la orden presidencial de desplegar todas las fuerzas militares para despejar los bloqueos de vías, -lo que representa una negativa al diálogo, y rechaza las exigencias de garantías para el ejercicio legítimo de las protestas- el panorama no es menos que desalentador.
El citado Decreto 003 de 2021 estipula en su Artículo 34. Actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD. Parágrafo 1. La intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD, deberá considerarse la última ratio para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Antes de su intervención deberán agotarse las instancias de dialogo y mediación.[5] Cosa que, evidentemente, no ha sucedido. La masacre continúa, y la fosa se sigue ampliando. Colombia vive en un limbo de impunidad irrisoria. En Perú murieron dos personas a manos de la policía, y ese hecho tumbó un presidente. En Colombia pasamos los 40 muertos presuntamente a manos de la policía, y no ha pasado nada. En Chile murieron 36 personas en las épocas de Piñera, 15 en manifestaciones, y con ello convocaron a una constituyente. En Colombia, por pedir renuncia de un general, se maquillan las realidades absurdamente, se premia a los verdugos y se ríen en la cara del pueblo.
Según el politólogo, periodista y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, hay cuatro posibles salidas a la situación actual del país: tipo Chile, con una Constituyente. La segunda es a la venezolana: acabar el paro con la fuerza de la represión, como Maduro en el 2017 y 2018, y enfrentar a la gente contra la gente. La tercera salida es a la peruana: tumban al presidente, el sistema político no cambia, y los jóvenes se decepcionan y no votan. Y la cuarta es un efecto electrocardiograma: semanas de calma, y hay de nuevo manifestaciones… y es un sube y baja. Se viene un año complejo, difícil en muchos términos.
Por otro lado, hay un análisis interesante sobre la vocería y los liderazgos en las actuales manifestaciones, pues han sido los jóvenes los protagonistas de las marchas en las principales ciudades y también en los municipios. Para Ávila, hay que relacionar los discursos con las acciones, “¿Qué jóvenes están participando y hay coherencia en las acciones?” se pregunta. “Un joven consigue trabajo, pero lo primero que hace es comprar un carro, un agente altamente contaminante, entonces ¿cuál es la coherencia? Debe haber coherencia en el discurso y el actuar. Lo mismo con el tema animalista, ambiental, todo… ¿qué modelo de país queremos, y qué modelo de vida estamos llevando? Porque también hay muchas personas que buscan ser Trending Topic, y esto es más que un tema de moda.”
Lo que se busca es un cambio estructural. No queremos todo a la vez, queremos escucha y diálogo, y no se puede dialogar con un Estado que nos llama para apuntarnos y dispararnos bajo la mesa.
Información Argelia y Sonsón: Alejandra Morales y Claudia Jimena Franco Martínez.
Fotografías:
Marcela Sánchez Ramírez
Angie Galeano
Alexis Gutiérrez
Luz Quintero
Alejandra Morales
Claudia Jimena Franco Martínez
Cristian Orozco
Eisen López
[1] Según datos de Temblores ONG al 18
de mayo de 2021 [2] Consultado en: https://leyes.co/codigo_penal/353A.htm [3] Tomado de https://www.semana.com/opinion/articulo/el-bloqueo-protesta/266152-3/ [4] Consultado en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/paro-nacional-puede-ser-condenado-por-bloquear-via-y-provocar-muerte-586231 [5] Consultado en: https://leyes.co/codigo_penal/353A.htm
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